Contraloría descarta sanciones a ministros por reuniones con Zalaquett, pero los obligará a informar encuentros fuera de jornada y en lugares privados

La contralora general de la República subrogante, Dorothy Pérez, emitió este lunes un instructivo general para todas las reparticiones públicas, gobiernos regionales y municipios referida a la ley de lobby o de gestión de intereses, en que aumenta los casos que deben ser registrados e informados por las autoridades a raíz del caso de seis ministros de la actual administración que concurrieron a la casa del gestor de intereses, Pablo Zalaquett, a diversos encuentros con representantes del sector privado y no informaron, hasta que el Presidente Gabriel Boric les mandató hacerlo.

El documento de nueve páginas señala que Contraloría instruye a todas las entidades sujetas a su control en esta materia a que, en el plazo máximo de 30 días hábiles, comiencen a publicar las audiencias y reuniones a las que asistan y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de la toma de decisiones.

Lo anterior debe incluir los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones, incluyendo su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió; y los donativos oficiales, protocolares, y aquellos que sean manifestaciones de cortesía, que reciban con ocasión del ejercicio de sus funciones.

En cuanto a las reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados, el texto señala que “la jurisprudencia de esta entidad fiscalizadora no las ha abordado de manera sistemática, e incluso, en diversos casos, las ha asimilado al concepto de trabajo en terreno propio del ejercicio del cargo” u otro similar, tal como se sostuvo, por ejemplo, respecto de las denuncias efectuadas acerca de las reuniones y comidas en que habría participado una autoridad ministerial y de las visitas, reuniones, alojamiento y traslado de un ministro de Estado.

Recuerda que “en dichos pronunciamientos se concluyó que tales reuniones y visitas constituían trabajo en terreno, o de representación propios del cargo, y que no configuraban actividades que deban registrarse en la agenda pública de lobby”.

Sin embargo, expresa que “esta Contraloría General instruye a las entidades sujetas a su control en esta materia, para que se registren las siguientes audiencias o reuniones: Aquellas audiencias o reuniones que se verifiquen tanto en reparticiones u oficinas públicas como en dependencias privadas; aquellas audiencias o reuniones que se lleven a cabo dentro o fuera de la jornada laboral de los sujetos pasivos; y aquellas audiencias o reuniones que se efectúen de manera presencial o por videoconferencia audiovisual”.

La Contraloría precisa que los sujetos pasivos de lobby y gestiones de intereses particulares, “no se encuentran obligados a conceder las audiencias o reuniones solicitadas”, sin perjuicio de lo cual deben brindar igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que requieran audiencias sobre una misma materia.

Respuesta a parlamentarios

La subcontralora también respondió hoy los oficios de diversos parlamentarios en que pedían un pronunciamiento respecto a las reuniones de ministros en el domicilio de un lobista y descartó sanciones por alguna omisión. Se señala que “luego del análisis efectuado, esta Contraloría General advierte que, en la especie, se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby, en tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado”.

Sin embargo, precisa que “a la fecha, no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones, como lo exigen la ley” y que “no resulta posible observar las omisiones de registro que reclaman los diputados en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta entidad de control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos”.